El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, dispondrá de 6,552 millones de dólares en recursos provenientes de organismos internacionales, según lo establece el Presupuesto General del Estado para 2025, aprobado como ley por el Senado el pasado 5 de diciembre.
Entre las instituciones que respaldarán estos financiamientos se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Proyectos prioritarios
Uno de los proyectos más destacados es el Monorriel de Santiago de los Caballeros, para el cual se gestionarán 500 millones de dólares, incluyendo posibles costos de seguro de exportación. Este proyecto también figura en el presupuesto de 2024.
Otro de los proyectos clave es la ampliación de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, con un financiamiento de 371.5 millones de dólares. Este será ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).
En el ámbito de infraestructura vial, el Plan Nacional de Conectividad y Transferencia y Transformación De Infraestructura Vial (Planacovial) requerirá 600 millones de dólares del BCIE, mientras que para el programa de rehabilitación y mantenimiento de puentes se buscarán 200 millones de dólares con el BID.
Seguridad fronteriza y obras futuras
La construcción de la verja perimetral en la frontera con Haití, ejecutada por el Ministerio de Defensa (MIDE), continuará con un financiamiento de 239.9 millones de dólares. Además, el proyecto del Tren Metropolitano de Santo Domingo figura en el presupuesto sin asignación directa, por lo que se procurarán 500 millones de dólares a través de la banca internacional.
Contexto financiero
El Presupuesto General del Estado para 2025 asciende a un billón 681,728 millones de pesos, con ingresos proyectados en un billón 330,737 millones de pesos y gastos estimados en un billón 571,566 millones de pesos, lo que genera un déficit del 3.0 % del PIB. Los financiamientos se gestionarán a tasas de interés compatibles con el mercado y con plazos mínimos de siete años.
