La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de «terrorismo» que emita una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La petición se basa en la «presunta comisión de delitos de usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», relacionados con las actas electorales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
La solicitud se presenta tras la negativa de González Urrutia a presentarse en tres citaciones anteriores realizadas por la Fiscalía. El líder opositor argumentó que desconocía la calidad en la que debía comparecer y no reconoció los delitos imputados por el Ministerio Público (MP).
Según un documento de la Fiscalía, además de los cargos mencionados, González Urrutia es acusado de «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)». Estos cargos están relacionados con la publicación de una página web donde la PUD asegura haber cargado «el 83,5 % de las actas electorales» recolectadas por sus testigos y miembros de mesa la noche de las elecciones, con el objetivo de denunciar un presunto fraude en los comicios.
La PUD divulgó estas actas, calificadas de «falsas» por el Ejecutivo, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por varios países que respaldan la victoria de González Urrutia.
El pasado jueves, la Fiscalía advirtió que si González Urrutia no se presentaba nuevamente, se emitiría una orden de aprehensión, considerando que existe un «peligro de fuga».
En respuesta, González Urrutia publicó un video en redes sociales el 25 de agosto, fecha de la primera citación, en el que denunció que el MP intenta someterlo a un interrogatorio sin especificar en qué condición debía comparecer, y precalificando delitos que él asegura no haber cometido. Además, acusó al fiscal general, Tarek William Saab, de actuar como «un acusador político» que condena sin garantías de independencia y debido proceso.
La situación sigue en desarrollo mientras el país observa de cerca los próximos movimientos del líder opositor y las decisiones judiciales que podrían influir en el panorama político de Venezuela.
