La indignación se ha apoderado de una familia luego de que el hombre que agredió a su hija, junto con una mujer que participó en el incidente, fuera liberado tras el pago de una garantía económica de 30,000 Pesos. Además, la mujer que presuntamente cortó a la hija de la familia se encuentra prófuga, generando una mayor preocupación en la comunidad.

El incidente ocurrió recientemente cuando la hija de la familia fue brutalmente atacada por un hombre y una mujer en un suceso que ha conmocionado a la comunidad. Tras el arresto de los agresores, se esperaba que enfrentaran las consecuencias legales correspondientes por sus actos violentos.
Sin embargo, la sorpresa y la indignación se apoderaron de los padres de la adolescente cuando se enteraron de que el hombre acusado de la agresión había sido liberado después de pagar una garantía económica de 30,000 pesos. Esta decisión judicial ha generado una ola de críticas hacia el sistema legal y ha dejado a la familia con sentimientos de injusticia y desamparo.
Además, la situación se agrava aún más debido a que la mujer que supuestamente participó en el ataque a la niña sigue prófuga de la justicia. La falta de captura de la cómplice ha generado un sentimiento de inseguridad y temor en la comunidad, ya que se desconoce su paradero y existe la posibilidad de que pueda causar más daño.
Las autoridades locales se han comprometido a investigar a fondo este caso y a tomar las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, la liberación del agresor y la prófuga de la cómplice han planteado serias interrogantes sobre el sistema legal y han resaltado la necesidad de revisar los protocolos existentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la adecuada protección de las víctimas de delitos.
La familia afectada ha expresado su frustración y su deseo de que se haga justicia en este caso. Han solicitado una revisión exhaustiva del proceso legal y una mayor atención a la seguridad de los ciudadanos, especialmente en casos que involucren violencia contra menores.
Mientras tanto, la comunidad en general se ha unido en solidaridad con la familia y ha manifestado su apoyo en la búsqueda de justicia. Se espera que este caso impulse un debate público sobre las políticas legales y penales en Higuey, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir y garantizar la protección de los más vulnerables en la sociedad.