Santo Domingo, República Dominicana – Radhamés Jiménez Peña, exprocurador general de la República y vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, expresó hoy su contundente oposición al proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno, argumentando que en su esencia se esconde una contrarreforma que podría desmantelar la carrera del Ministerio Público y retroceder hasta 20 años en el tiempo.
Durante una rueda de prensa, Jiménez Peña enfatizó que los proponentes de la reforma revelan sus verdaderas intenciones al intentar excluir al Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución. “Nadie en su sano juicio puede negar el avance institucional del Ministerio Público en la República Dominicana gracias al blindaje que le otorgó la Constitución del año 2010. El proceso de despolitización de la institución es inocultable”, aseveró.
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El exprocurador alertó que, de llevarse a cabo la reforma, el Ministerio Público podría convertirse en una mera extensión del poder judicial, superando incluso la precariedad de sus funciones anteriores. “La pretensión oculta del PRM es transformar esta entidad en una fuente de empleos para los abogados del partido que no han logrado ser colocados en el gobierno”, afirmó con vehemencia.
Jiménez Peña también criticó la falta de necesidad de las actuales propuestas de reforma, subrayando que amenazan la seguridad jurídica y la previsibilidad de las normas en el país. Para lograr un verdadero fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, sugirió una modificación sencilla a su ley orgánica: introducir un párrafo que permita al Consejo Superior del Ministerio Público seleccionar una terna de procuradores generales de cortes provenientes de la carrera, para que el presidente entrante elija al procurador general. “Esa sería una verdadera manera de fortalecer la independencia del Ministerio Público sin necesidad de modificar la Constitución”, concluyó.
La declaración de Jiménez Peña añade presión sobre el gobierno y reaviva el debate sobre la reforma constitucional en el país, mientras sectores de la sociedad han manifestado sus preocupaciones sobre la independencia y la eficacia del Ministerio Público.
