Legisladores de diversas entidades políticas calificaron como innecesarias y desproporcionadas las sanciones por no haber presentado su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) en el plazo estipulado.
Los diputados argumentan que realizaron las gestiones para cumplir con la presentación en tiempo, pero que «trabas» en el sistema les impidieron completarlo.
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Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara Baja, indicó que las exigencias actuales para la declaración jurada difieren significativamente de lo que usualmente se requiere, lo que ha dificultado el cumplimiento. “Los niveles de exigencia son distintos a lo que estamos acostumbrados. Esto ha impedido que algunos diputados puedan cumplir. La Cámara de Cuentas tendrá que dar una explicación al respecto”, afirmó Sánchez, quien aún no ha declarado su patrimonio.
El legislador cuestionó el alcance de las demandas de la CCRD, considerándolas exageradas. “No me molesta que exijan sanciones, pero deben investigar qué es realmente una declaración jurada y hasta dónde llega. ¿Es una auditoría completa? ¿Tengo que detallar mi número de tarjeta de crédito, incluyendo los tres números de seguridad, para que me clonen?”, ironizó.
Por su parte, Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), señaló que la bancada oficialista se rige por lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, pero instó a que se considere una mayor flexibilidad ante nuevas exigencias que no estaban previstas. “Nosotros respetamos la ley, pero esta debe ser flexible cuando se imponen requisitos que no se contemplaban antes y que, además, no son apropiados para las instituciones involucradas o exceden su jurisdicción”, comentó Díaz.
En tanto, Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el incumplimiento por parte de algunos legisladores no es completamente su responsabilidad, ya que las modificaciones introducidas en el proceso de declaración jurada han complicado la situación. “El proceso modificado por la Cámara de Cuentas viola el artículo 3 de la Ley 311-14. Si un diputado no ha podido completar un documento para demostrar su patrimonio, eso no debería ser motivo para considerarlo incumplido”, afirmó Castillo.
Esta controversia pone de relieve la necesidad de un diálogo entre los legisladores y la Cámara de Cuentas para ajustar los requisitos de la declaración jurada y evitar sanciones que, según los diputados, resultan desproporcionadas e injustas.
