Este jueves, el Consejo Superior del Ministerio Público reveló los resultados de las evaluaciones realizadas a los titulares de diversas dependencias del órgano acusador, cuyas gestiones culminaron en 2022. Según el acta de la cuarta sesión extraordinaria del Consejo, 20 de los fiscales y procuradores regionales evaluados lograron obtener al menos 70 puntos, la puntuación mínima requerida para ocupar el cargo durante un nuevo período de cuatro años.
Entre los evaluados, destaca Rosalba Ramos, titular del Distrito Nacional, quien alcanzó una puntuación de 72.36 puntos. Sin embargo, la calificación más alta fue obetnida por Francisco Contreras Núñez, procurador especializado para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, con un notable 86.68 puntos.
Le siguen en el ranking Rafael Antonio Brito Peña, procurador especializado en crímenes y delitos contra la salud (86.60 puntos), e Iván Vladimir Feliz Vargas, procurador especializado contra crímenes y delitos de alta tecnología (84.90 puntos). Además, Aura Luz García Ramírez de La Vega (83.53 puntos), Grimaldi Oviedo Merán de Montecristi (83.28 puntos), y José del Carmen Sepúlveda de la Procuraduría Regional del Distrito Nacional (83.39 puntos) también se posicionaron entre los mejores evaluados.
Asimismo, otros fiscales que lograron superar la evaluación con calificaciones superiores a 80 puntos incluyen a Fadulia Bethania Rosa Rubio de San Cristóbal (82.22 puntos), Milciades Guzmán Leonardo de Santo Domingo Este (80.24 puntos), y Juan Antonio Mateo Ciprián de María Trinidad Sánchez (80.85 puntos), entre otros.
Las evaluaciones se centraron en aspectos gerenciales, financieros, administrativos, así como en técnicas y políticas de persecución. Según el documento, los postulantes que lograron la puntuación necesaria quedan habilitados para ser considerados por el Consejo Superior del Ministerio Público para un “segundo y único período consecutivo”.
Con estos resultados, el órgano acusador da un paso importante hacia la renovación de su personal clave, con miras a fortalecer la efectividad y transparencia de la justicia en el país.
