En una reciente declaración para los medios del Portal Altagraciano, el abogado constitucionalista Vicente Mariñe enfatizó la importancia de una sentencia del Tribunal Administrativo que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución de la República y la educación vial en todas las escuelas del país.
Mariñe destacó que esta sentencia no solo es de obligatorio cumplimiento, sino que todas las jurisdicciones del país deben acatar estas decisiones y tomarlas como referencia para futuras resoluciones. “Lógicamente, es una gran noticia. Que sea obligatorio la enseñanza de la Constitución de la República es como muchas personas anhelan que se dé clase de Moral y Cívica. Equivale a lo mismo, pero es mejor. Porque un ciudadano que no conozca cuáles son sus derechos y obligaciones está condenado a ser abusado por las autoridades en todo momento o por cualquier otra entidad que así desee violar sus derechos,” afirmó.
En cuanto a la educación vial, Mariñe subrayó la urgencia de implementar esta medida debido a la alta incidencia de accidentes de tránsito en la República Dominicana. “Es imperativo que sea obligatoria la educación en todas las escuelas del país puesto que es en la República Dominicana una pandemia los accidentes de tránsito,” dijo. “Tenemos una gran alegría desde este momento en que se notificó esta sentencia. En ese sentido, felicitamos a las autoridades y a los jueces de ese tribunal.”
Mariñe expresó su optimismo sobre la implementación de esta medida, señalando que su cumplimiento dependerá de la diligencia de las autoridades. “Mira, bien amplia es la Constitución, pero los estudiantes ¿cuántos años pasan en las escuelas? Lo que hay que ver ya a partir de ahora, a partir de que se notifique al Ministerio de Educación y se promulgue en una Gaceta Oficial, es de obligatorio cumplimiento,” explicó. Añadió que espera que el Presidente de la República y los ministros pertinentes actúen con celeridad para asegurar la implementación de esta sentencia.
Finalmente, el abogado subrayó la importancia de la educación sobre la Ley de Tránsito desde los primeros años del bachillerato, especialmente dado que muchos jóvenes menores de edad ya están conduciendo vehículos. “La ley habla de eso, de que los menores no deben de conducir vehículos,” comentó. “Es el Estado que tiene la obligación de dar cumplimiento a la ley, porque los legisladores y los jueces lo que hacen es crear leyes, es producir sentencias. Y después las instituciones son las que están obligadas a hacer que se cumplan las leyes.”
En conclusión, Mariñe afirmó que la responsabilidad civil de los menores recae sobre los padres, y que estos deben ser conscientes de las consecuencias legales en caso de infracciones de tránsito cometidas por sus hijos.
