El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra cuatro personas, tres de nacionalidad dominicana y una haitiana, presuntamente involucradas en una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la zona turística de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia. La solicitud fue presentada este jueves al Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia.
Los imputados son Domingo Lorenzo Santana, apodado Wellington, considerado el cabecilla de la organización; Reyna Julissa Solano Monción, quien actuaba como administradora; Richard de La Cruz Camacho, conocido como Danny, el Pai; y el haitiano Berlin Erisme, apodado Obama.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia ha fijado la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para mañana viernes. Los arrestos se llevaron a cabo en un establecimiento que funcionaba bajo la fachada de una residencia familiar, utilizada para la explotación sexual de turistas. Durante la operación, se rescató a 20 víctimas y se encontraron varios clientes en el lugar.
El Ministerio Público y la Policía Nacional colaboraron en el desmantelamiento de esta red, según un comunicado oficial. Las víctimas, de nacionalidades dominicana, haitiana, venezolana y colombiana, eran explotadas sexualmente, y se cobraba entre 200 y 600 dólares por cada servicio.
La investigación ha revelado que la red se encargaba de captar jóvenes adolescentes en diversas localidades del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y La Romana, para posteriormente trasladarlas a la zona turística de Verón-Punta Cana. Allí, las víctimas eran explotadas en el establecimiento de Santana, administrado por Solano Monción, quien también desempeñaba funciones como cajera.
Durante las pesquisas, se han obtenido evidencias clave, como documentos, recibos, pagos de servicios sexuales y dinero en efectivo (pesos dominicanos y dólares), que continúan siendo analizadas por las autoridades.
