Santo Domingo, R.D. — El Poder Ejecutivo depositó este lunes ante el Senado de la República un proyecto de modificación a la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el cual propone penas de hasta 40 años de prisión para los infractores de esta normativa.
La pieza legislativa fue entregada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Esta acción se enmarca dentro de las quince medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración ilegal y proteger la soberanía nacional, ante la creciente crisis que atraviesa Haití.
Peralta Romero explicó que, con esta entrega, el mandatario da cumplimiento inmediato a la cuarta medida anunciada, que contempla una reforma al marco legal migratorio vigente, la cual deberá ser conocida con carácter de urgencia por el Congreso Nacional.
El proyecto de ley busca modificar puntualmente los artículos 2, 5, 6 y 7 de la actual legislación, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas contra el tráfico ilícito de migrantes. Entre los cambios propuestos se incluyen:
- Artículo 2: Ampliación de la definición y elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes, con el fin de facilitar su persecución judicial.
- Artículo 5: Introducción de delitos por omisión, penalizando a quienes, por deber legal o vínculo con la víctima, no actúen para evitar el daño, especialmente cuando han creado previamente una situación de riesgo.
- Artículo 6: Redefinición del rol de los cómplices en estos crímenes.
- Artículo 7: Inclusión de nuevas circunstancias agravantes, tales como la relación entre el autor y la víctima, el uso de armas, la gravedad del daño causado, la vulnerabilidad de la víctima o su fallecimiento.
Según detalló el consultor jurídico, las sanciones pasarían de un rango actual de 10 a 15 años de reclusión y multas de 150 a 250 salarios mínimos, a penas de 12 a 20 años y multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público. En casos agravados, las penas podrían alcanzar hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos.
De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que se trata de un tema de interés nacional que debe ser abordado con premura. “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana”, afirmó.
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