En Colombia, el despliegue masivo de cámaras de videovigilancia está transformando la gestión de la seguridad pública, al permitir un monitoreo más amplio de espacios urbanos y una respuesta más rápida ante hechos delictivos.
Sin embargo, esta expansión tecnológica también impone nuevas responsabilidades legales y técnicas sobre la administración de los datos personales captados.
Autoridades y expertos señalan la necesidad de fortalecer los protocolos de protección de datos, almacenamiento seguro y uso adecuado de la información, con el fin de garantizar el respeto a la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El debate se centra en encontrar un equilibrio entre seguridad y protección de datos, en un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.
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