Un grupo de expertos en derechos humanos denunció la existencia de una estructura de vigilancia e inteligencia diseñada para “monitorear, intimidar y atacar a los nicaragüenses que viven en el extranjero”.
Según el informe, esta presunta arquitectura de control estaría dirigida contra ciudadanos de Nicaragua que residen fuera del país, especialmente aquellos críticos del gobierno o vinculados a movimientos opositores.
El reporte advierte que estas acciones representarían una forma de represión transnacional, al extender mecanismos de seguimiento y presión más allá de las fronteras nacionales.
Las conclusiones del documento han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que piden mayor atención de la comunidad internacional para garantizar la protección de los nicaragüenses en el exterior.
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