Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reafirmó el compromiso del Ministerio Público de garantizar justicia oportuna para las víctimas, advirtiendo que no permitirá que el proceso judicial se convierta en un escenario de dilaciones innecesarias.
La magistrada subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana, tienen el derecho inalienable de recibir una respuesta judicial en un tiempo razonable.
Reynoso recordó que este caso, que ha impactado a cientos de familias, mantiene en vilo a miles de ciudadanos que demandan transparencia y celeridad por parte del sistema de justicia.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir abusos procesales”, expresó.
Rechaza contraperitaje por considerarlo innecesario
La procuradora calificó como “totalmente innecesario y absurdo” el contraperitaje solicitado por la defensa de los imputados, señalando que carece de fundamento técnico frente a un expediente que, según afirmó, contiene evidencias contundentes sobre fallas estructurales en la edificación que albergaba el Jet Set.
En ese sentido, sostuvo que los propietarios, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, habrían sobrecargado el techo del inmueble, el cual no estaba diseñado para soportar el uso ni el peso adicional que se le impuso.
Asimismo, indicó que la solicitud de nuevos estudios técnicos, como pruebas de detección de explosivos o análisis geofísicos, constituye una maniobra dilatoria que busca desviar la atención de la causa principal del colapso.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso, al cuestionar que, pese a expresar pesar por la tragedia, los imputados promuevan acciones que retrasan el proceso judicial.
Víctimas también tienen derecho al debido proceso
La titular del Ministerio Público enfatizó que el debido proceso no es exclusivo de los imputados, sino un derecho que también corresponde a las víctimas, quienes merecen acceso a una justicia pronta y cumplida.
Reiteró que el sistema judicial tiene la responsabilidad de actuar con equilibrio, garantizando tanto el respeto a las garantías procesales como la tutela efectiva de los derechos de quienes han sido afectados por este trágico suceso.
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