Santo Domingo, R.D. – El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, afirmó este lunes que “la justicia no es para venganza” al motivar su decisión de enviar a juicio de fondo a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y cientos de heridos.
Durante la extensa lectura de su decisión, el magistrado rechazó la solicitud de algunos querellantes que procuraban que el proceso fuera conocido bajo la figura de homicidio voluntario con dolo eventual, argumentando que los hechos y las evidencias presentadas no permiten sostener esa calificación jurídica.
“No creo que sea razonable equiparar un disparo a una multitud con un derrumbe”, expresó Mejía, al señalar que no existe evidencia que permita concluir que los imputados actuaron con la intención de causar la muerte de las víctimas.
El juez sostuvo que el tribunal está obligado a actuar conforme al principio de legalidad y a respetar estrictamente la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. “Nosotros estamos aquí para respetar los tratados internacionales y respetar las leyes”, indicó.
Asimismo, explicó que la diferencia entre la culpa consciente y el dolo eventual será uno de los aspectos centrales que deberán debatirse durante el juicio de fondo. Según expuso, el dolo eventual implica que una persona acepta la posibilidad de que ocurra un resultado fatal, mientras que en la culpa consciente existe la confianza de que dicho resultado no sucederá.
“Aquí ha habido una imprudencia por sobrecarga y falta de mantenimiento”, afirmó el magistrado, aunque reiteró que no existen elementos suficientes para establecer que los acusados querían o sabían que provocarían la muerte de las personas que se encontraban en el centro de diversión.
Mejía también dispuso que tanto el peritaje presentado por el Ministerio Público como el elaborado por la defensa sean admitidos para ser debatidos durante la fase de juicio, al considerar que existen elementos probatorios que requieren una evaluación más profunda por parte de un tribunal de fondo.
“No hay forma humana que se pueda retener que esas personas querían matar”, manifestó el juez, quien además reconoció el profundo dolor causado por la tragedia.
“Yo sé que el dolor ha sido grande, pero el tribunal no puede inventar una respuesta para la sociedad, sino aplicar la ley”, expresó.
El magistrado enfatizó que el proceso judicial ahora se concentrará en determinar el grado de responsabilidad penal de los imputados y establecer si la conducta atribuida configura una actuación imprudente o negligente sancionable por la legislación vigente.
“Se va a discutir el grado de responsabilidad penal”, concluyó.
La decisión de apertura a juicio marca una nueva etapa en uno de los procesos judiciales más trascendentales de los últimos años en la República Dominicana, mientras familiares de las víctimas y sobrevivientes continúan reclamando justicia por la tragedia ocurrida en el emblemático centro nocturno.
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