Santo Domingo, R.D. – El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, envió este lunes a juicio de fondo a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas y las lesiones sufridas por cientos de afectados durante el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025.
La decisión fue adoptada tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público, al considerar que existen suficientes elementos de prueba para que el caso sea conocido en un tribunal de fondo.
Asimismo, el magistrado acogió la calificación jurídica presentada por el órgano acusador, que atribuye a los imputados los cargos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, al entender que los hechos investigados se corresponden con una conducta presuntamente negligente y no con un homicidio voluntario.
Durante la audiencia, el tribunal también decidió mantener las medidas de coerción impuestas a los hermanos Espaillat, al establecer que ambos han cumplido con las obligaciones procesales y no existen razones legales para modificarlas.
Además, el juez ordenó la inmovilización de bienes de los acusados, incluyendo cuentas bancarias y otros activos, con el propósito de garantizar posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso judicial.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los propietarios del centro de entretenimiento tenían conocimiento de las irregularidades estructurales que afectaban el techo de la discoteca y, pese a ello, implementaron soluciones paliativas consideradas insuficientes para corregir los problemas existentes.
El órgano persecutor sostiene que dichas actuaciones constituyeron una conducta negligente que contribuyó al colapso de la estructura, provocando una de las mayores tragedias registradas en un centro de diversión en la República Dominicana.
Al emitir su decisión, el magistrado verificó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron obtenidas conforme a los procedimientos establecidos por la ley, por lo que deberán ser debatidas durante el juicio de fondo, donde se determinará la responsabilidad penal de los imputados.
Con esta decisión, el proceso entra en una nueva etapa judicial en la que serán examinadas las pruebas, los peritajes técnicos y los testimonios relacionados con el derrumbe que conmocionó al país y dejó un saldo de 236 fallecidos y cientos de personas heridas.
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