Presidente de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia, José Sánchez, advierte sobre el impacto que tendría el plan en los derechos adquiridos de inversionistas
Veron Punta cana, La Altagracia, RD.— El presidente de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia ALETA, José Sánchez, afirmó que el Plan de Ordenamiento Territorial Veron Punta cana constituye una herramienta fundamental para organizar el crecimiento de la zona turística, pero consideró necesario que su aprobación sea fruto de un amplio consenso entre los distintos sectores productivos y sociales.
Durante una entrevista en el programa Buenos Días Verón con Alex Domingo y Portal Altagraciano Periódico Digital de Adonis Arache, Sánchez explicó que ALETA agrupa a diversas organizaciones de la provincia, entre ellas la Asociación de Ganaderos de Higüey, UEPAL, la Unión de Empresarios y otras entidades aliadas que buscan presentar propuestas y defender los intereses del desarrollo provincial.
El empresario destacó la magnitud del crecimiento experimentado por Bávaro, Verón y Punta Cana, señalando que el sector inmobiliario ha desarrollado alrededor de 65 mil habitaciones y proyecta la construcción de otras 100 mil, destinadas tanto al mercado turístico como a familias y trabajadores que se trasladan a la zona en busca de oportunidades laborales.
Sánchez sostuvo que, precisamente por el acelerado crecimiento demográfico y económico, el ordenamiento territorial resulta indispensable para garantizar un desarrollo organizado durante los próximos 10 a 15 años.
“Plan de Ordenamiento Territorial se necesita, pero requiere de un consenso. Requiere que se escuchen a todas las organizaciones de la provincia de La Altagracia y, sobre todo, que exista seguridad jurídica y que se respeten los derechos adquiridos”, expresó.
Preocupación por los derechos adquiridos
El presidente de ALETA manifestó preocupación ante la posibilidad de que determinadas disposiciones del plan puedan afectar terrenos adquiridos previamente por inversionistas nacionales y extranjeros con proyectos de desarrollo.
Advirtió que una modificación de las condiciones de uso de suelo después de realizadas importantes inversiones podría generar incertidumbre y afectar la confianza de los inversionistas.
Sánchez puso como ejemplo el caso hipotético de un inversionista extranjero que adquiera un terreno por varios millones de dólares y posteriormente encuentre que las nuevas regulaciones impiden desarrollar el proyecto originalmente contemplado.
“Eso se tiene que consensuar necesariamente”, enfatizó.
Asimismo, resaltó la importancia de la inversión extranjera para la economía dominicana y su impacto en sectores como la construcción, el turismo, el cemento, el concreto, el acero y otros renglones vinculados a la actividad económica.
Desarrollo desde la Circunvalación hasta Macao
Sánchez también planteó la necesidad de analizar integralmente el crecimiento urbano y turístico de la zona comprendida entre la Circunvalación de Verón y Macao, al considerar que el territorio disponible para continuar expandiendo la ciudad es cada vez más limitado.
“En Verón un metro cuesta 100 dólares y no hay”, afirmó, al referirse a la presión existente sobre el suelo como consecuencia del crecimiento de la población y la llegada constante de nuevos residentes.
Explicó que Bávaro, Verón y Punta Cana reciben diariamente personas provenientes de distintas partes del país y del extranjero, atraídas por las oportunidades de empleo generadas principalmente por el turismo.
Ante este escenario, consideró que el ordenamiento territorial debe contemplar no solamente la expansión de los proyectos turísticos, sino también las necesidades habitacionales, comerciales, viales, ambientales y de servicios públicos que demanda una población en constante crecimiento.
ALETA favorece el ordenamiento, pero pide participación
El dirigente empresarial reiteró que ALETA no se opone al Plan de Ordenamiento Territorial, sino que entiende que este debe ser construido con la participación de todos los sectores involucrados.
En ese sentido, llamó a aprovechar los espacios de consulta y vistas públicas establecidos por la legislación para garantizar que las inquietudes de empresarios, desarrolladores, comunidades y demás actores de la provincia sean escuchadas.
Sánchez insistió en que el objetivo debe ser lograr un plan que permita organizar el crecimiento de La Altagracia sin generar incertidumbre para quienes ya han realizado inversiones y, al mismo tiempo, establezca reglas claras para las nuevas inversiones.
“La seguridad jurídica tiene que ser blindada en ese plan de ordenamiento territorial y los derechos adquiridos también”, afirmó el presidente de ALETA.
La organización empresarial mantiene su llamado a las autoridades nacionales y locales a propiciar un proceso de diálogo amplio que permita alcanzar un modelo de desarrollo territorial sostenible, organizado y compatible con el crecimiento económico que experimenta la provincia de La Altagracia.