El Departamento de Justicia calificó el operativo como el mayor de su historia, en medio de controversias sobre el proceso electoral y disputas judiciales en California.
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desplegó aproximadamente 1,000 observadores electorales en los 50 estados del país durante las elecciones de medio mandato celebradas este martes 3 de noviembre, en lo que calificó como el mayor operativo de supervisión electoral de su historia.
La operación fue coordinada por la División de Derechos Civiles y tuvo como propósito supervisar el cumplimiento de las leyes federales relacionadas con el derecho al voto, apoyar elecciones libres y justas y proteger la participación ciudadana.
La fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, afirmó que el despliegue buscaba promover la transparencia electoral de manera firme y no discriminatoria.
Según el Departamento de Justicia, los observadores pertenecían a distintas dependencias federales, oficinas de fiscales estadounidenses y personal de la Oficina de Administración de Personal.
Controversia por el registro electoral de California
El operativo se produjo en medio de una disputa entre la Administración del presidente Donald Trump y las autoridades de California por el registro de votantes.
El Departamento de Justicia presentó una demanda contra ese estado al señalar que más de 20,000 personas que considera posibles no ciudadanos aparecen registradas para votar. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos del Gobierno federal en el litigio y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de que esas personas hayan votado ilegalmente.
La Administración también buscó que se separaran determinadas papeletas mientras se examinaba el caso. Sin embargo, los tribunales rechazaron esa solicitud, al considerar los posibles efectos sobre el proceso electoral y los derechos de los votantes.
California advierte sobre posibles interferencias
El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó preocupación por posibles injerencias en el proceso electoral de su estado y advirtió que cualquier persona que interfiera con los votantes o manipule papeletas podría enfrentar consecuencias penales conforme a las leyes estatales.
La controversia refleja las tensiones entre el Gobierno federal y las autoridades estatales sobre la supervisión de las elecciones y las competencias para administrar los procesos de votación.
Aunque el Departamento de Justicia sostiene que su labor busca garantizar el cumplimiento de las leyes federales, el despliegue generó cuestionamientos de sectores que expresaron preocupación por una posible intimidación o interferencia en la participación electoral.
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