El abogado Willy Zorrilla denunció que las autoridades judiciales pretenden actuar de manera ilegal, arbitraria y contraria al orden constitucional en perjuicio del ciudadano Juan José De La Cruz Morales, al intentar judicializarlo nuevamente utilizando una orden de arresto que ya fue ejecutada y agotada.
Zorrilla explicó que contra De La Cruz Morales existía la orden de arresto núm. 00260-2019, la cual fue ejecutada el 8 de septiembre de 2021 única y exclusivamente para fines de extradición. Tras dicha ejecución, el ciudadano fue extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica, donde fue juzgado, condenado y cumplió la pena impuesta, retornando posteriormente al país una vez agotada su condena.
Sin embargo, al momento de su ingreso a territorio dominicano, las autoridades intentaron utilizar nuevamente la misma orden de arresto, ya ejecutada, para privarlo de libertad, acción que el jurista calificó como ilegal y carente de toda eficacia jurídica.
Ante esta situación, la defensa depositó una acción de hábeas corpus de carácter constitucional, la cual fue acogida por la magistrada apoderada del caso, quien declaró ilegal el arresto y nula la orden, al comprobar que esta ya había sido utilizada para los fines de extradición.
Pese a ello, Zorrilla denunció que las autoridades pretenden conocerle medida de coerción por un supuesto decomiso de 444 paquetes y seis porciones de cocaína, ocupados en el año 2019 en Miches, provincia El Seibo. No obstante, indicó que una investigación conjunta realizada por el DIO, la DEA, la DNCD y el Ministerio Público establece, mediante certificación oficial, que Juan José De La Cruz Morales no fue vinculado con indicios probatorios a los estupefacientes ocupados en dicho allanamiento.
El abogado recordó además que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia que establece que una persona extraditada no puede ser juzgada ni privada de su libertad por hechos anteriores a su extradición, salvo por aquellos delitos por los cuales fue entregada. En ese sentido, enfatizó que en este caso se estaría violando el principio constitucional del non bis in idem, que prohíbe juzgar o perseguir a una persona dos veces por el mismo hecho.
“Cualquier intento de conocer medida de coerción contra el señor Juan José De La Cruz Morales constituye una actuación ilegal, inconstitucional y nula de pleno derecho, por violar el debido proceso, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República”, concluyó Zorrilla.
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