Higüey, La Altagracia. – El Ayuntamiento del Municipio de Higüey, encabezado por la alcaldesa Karina Aristy, reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas al entregar formalmente la documentación solicitada por el abogado Jesús Antonio Medina Rivera, en cumplimiento de una sentencia emitida por un tribunal civil.

La entrega fue realizada el pasado 24 de junio de 2025 mediante el acto número 516/2025, levantado por el alguacil Domingo Castillo Villega, en atención a lo dispuesto en la sentencia civil 1861-2025-SSEN-00202, dictada el 16 de junio por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia.
Entre los documentos entregados se incluyen copias certificadas de las nóminas correspondientes a los meses de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025; los presupuestos del Ayuntamiento para los años 2024 y 2025; así como las actas certificadas de las sesiones del Concejo de Regidores donde fueron aprobados dichos presupuestos. También se remitió una certificación que confirma que el actual concejo no ha aprobado aumentos salariales.
Además, fueron incluidas certificaciones sobre gastos de representación y asignaciones de combustible, en respuesta a los requerimientos del abogado solicitante.
“El Ayuntamiento reconoce que la entrega no se realizó inicialmente dentro del plazo establecido debido a un error humano que ya ha sido asumido. Por ello, ofrecemos disculpas públicas al señor Jesús Medina Rivera. Este gobierno municipal reitera que la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestra gestión”, expresó el cabildo a través de un comunicado oficial.
El Ayuntamiento también informó que continuará fortaleciendo sus mecanismos de acceso a la información pública, asegurando que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a recibir datos públicos de forma oportuna, clara y veraz.
Cabe destacar que, en un contexto legal paralelo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Aquiles Jiménez Fernández contra la décima disposición transitoria de la Constitución, la cual impide al presidente electo en 2024 presentarse nuevamente al mismo cargo o a la vicepresidencia.
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