En una rueda de prensa encabezada por el alcalde del Distrito Municipal Turístico Verón–Punta Cana, Manolito Ramírez, y el alcalde del Distrito Municipal La Otra Banda, Alexander Rodríguez “El Hijo del Pueblo”, acompañados por el abogado Ángel Lockward, se ofrecieron importantes declaraciones tras la publicación de una sentencia histórica emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) el pasado viernes.
La sentencia ordena al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), dirigido por el ministro Carlos Bonilla, dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que reconoce a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes y capacidad económica la facultad de contar con su propia Oficina de Planeamiento Urbano y de emitir autorizaciones de uso de suelo.
Hasta ahora, esta prerrogativa legal había sido bloqueada bajo el argumento de que faltaba un reglamento, situación que generó la paralización de cientos de proyectos valorados en miles de millones de pesos y millones de dólares, afectando tanto al turismo como a la inversión extranjera y local.
Declaraciones del abogado Ángel Lockward
Lockward resaltó la trascendencia de la decisión judicial:
“La justicia ha ordenado al ministro de Vivienda y Edificaciones cumplir con lo que la Constitución y la ley establecen. Negarse a dar curso a las autorizaciones ha creado un entaponamiento que afecta no solo a Verón y La Otra Banda, sino también a otros 23 distritos municipales como Santiago Oeste, Puerto Plata, La Caleta y Villa Hermosa en La Romana. Esta sentencia es ejecutoria inmediata, conforme al artículo 71 de la Ley 137-11, lo que significa que debe cumplirse sin importar que el Gobierno decida recurrirla. El Gobierno está obligado a acatar esta decisión”.
Declaraciones del alcalde Manolito Ramírez
Por su parte, el alcalde de Verón–Punta Cana, Manolito Ramírez, explicó la magnitud de los proyectos detenidos:
“Estamos hablando de proyectos hoteleros y de gran envergadura, con inversiones que superan los 200, 300 y hasta 400 millones de dólares, paralizados en un limbo por la falta de autorizaciones. Esto genera incertidumbre jurídica, pues los inversionistas no saben dónde deben tributar. Algunos incluso han expresado que podrían retirar sus inversiones del país. Confiamos en que esta sentencia permita destrabar expedientes que llevan uno y dos años de retraso. El Hotel Mont Palace, que se abrirá el próximo año, generará 5,000 empleos en su primera etapa. Estos proyectos significan desarrollo económico, dinamismo en la construcción, generación de empleo directo e indirecto y expansión del turismo. Esperamos que el ministro Bonilla cumpla la sentencia y se agilicen los procesos detenidos”.
Declaraciones del alcalde Alexander Rodríguez
El alcalde de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, también expresó su posición firme:
“Desde octubre de 2023 cumplimos con lo que establece la ley e instalamos nuestra Oficina de Planeamiento Urbano, dando incluso un compás de espera de nueve meses para que se implementara el reglamento tras la promulgación de la Ley 368-22 en diciembre de 2022. Las acciones del ministro Bonilla son un irrespeto a la institucionalidad, al turismo y a la inversión extranjera y local. Este fallo judicial ratifica que la razón está de nuestro lado. Exigimos respeto a la ley y a esta decisión, porque de no cumplirse habría consecuencias graves. Confiamos en que el próximo 25 de septiembre también obtendremos un fallo favorable que reforzará esta jurisprudencia”.
Impacto nacional
La sentencia del TSA no solo representa un triunfo para Verón y La Otra Banda, sino que sienta un precedente de gran alcance para más de 20 distritos municipales en el país que cumplen con las condiciones legales para emitir permisos de uso de suelo. Con ello se abre el camino para el desarrollo ordenado, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el impulso de la inversión en sectores estratégicos como el turismo, la construcción y el comercio.
La rueda de prensa concluyó con un llamado conjunto a las autoridades nacionales para que se respete la ley y se dé fiel cumplimiento a la sentencia, recordando que se trata de una decisión de ejecución inmediata que no admite excusas ni retrasos.
