La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que el 98 % de las cerca de 300 denuncias por difamación que recibe mensualmente el Ministerio Público son presentadas por personas de sectores humildes y no por funcionarios, políticos o empresarios.
La magistrada explicó que la mayoría de estos casos surgen de conflictos entre ciudadanos y, por lo general, terminan en procesos de conciliación.
Además, señaló que el Nuevo Código Penal establece diferencias entre la difamación simple y la difamación extorsiva, esta última con penas de cinco a diez años de prisión cuando la difamación es utilizada como mecanismo de presión o extorsión.
Reynoso también recordó que la ley mantiene sanciones para el hostigamiento o intimidación, castigando conductas como insultos, burlas, agresiones verbales y acciones destinadas a humillar, aislar o afectar el normal desenvolvimiento de una persona.
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