La aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Julia Lisandra Muñoz Santana, defendió ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el uso de la función dikelógica establecida en la Ley 2-23 sobre el Recurso de Casación, al considerar que puede contribuir a reducir la duración de los procesos judiciales.
Durante su evaluación, Muñoz Santana explicó que esta facultad permite a la Suprema Corte emitir una decisión directa cuando los hechos del caso ya se encuentran establecidos y no es necesario ordenar nuevas medidas de instrucción.
“Puede decidirse con justicia dando un fallo directo”, sostuvo la jurista.
La aspirante aclaró que esta facultad no convierte a la Suprema Corte en un tercer grado de jurisdicción, sino que permite resolver determinados casos sin reenviar el expediente cuando se cumplen las condiciones legales.
⚖️ Debate sobre el interés casacional
Muñoz Santana también abordó durante su comparecencia recientes decisiones del Tribunal Constitucional relacionadas con la aplicación de la Ley 2-23.
Al responder una pregunta del presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, se refirió a la sentencia TC-0772-2026, que, según explicó, anuló una decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte relacionada con el criterio del denominado interés casacional presunto.
La jurista sostuvo que determinadas infracciones procesales, como la omisión de estatuir, contradicción de motivos y desnaturalización de los hechos, pueden surgir directamente de la sentencia que se pretende impugnar, por lo que consideró problemático exigir a las partes demostrar previamente un interés casacional en esos casos.
También citó la sentencia TC-1097-2024, vinculada al artículo 56 de la Ley 2-23 y a las sanciones previstas para recursos de casación considerados temerarios.
👩⚖️ 26 años vinculada al sistema de justicia
Muñoz Santana presentó ante el CNM una trayectoria de 26 años en el sistema judicial. Ingresó al Poder Judicial en el año 2000 y posteriormente desempeñó funciones como abogada ayudante en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia.
También ejerció la abogacía privada y regresó en 2017 a la Primera Sala de la Suprema Corte, donde llegó a desempeñarse como coordinadora de abogados ayudantes.
Desde 2021 se desempeña como letrada del Tribunal Constitucional y coordinadora de letrados de despacho.
Es licenciada en Derecho por la UNPHU, con maestría en Derecho Constitucional por UNIBE, especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y estudios en argumentación jurídica y litigación oral.
Su comparecencia forma parte de las evaluaciones que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que cumplen siete años en sus cargos.
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