Santo Domingo. – El Ministerio Público informó este jueves que Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca Jet Set, y su hermana Maribel Espaillat, intentaron intimidar o manipular a empleados que podrían fungir como testigos en la investigación por el derrumbe del reconocido centro de diversión, hecho que dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.
La revelación se produjo a través de un comunicado oficial del órgano persecutor, en el que también se confirmó el arresto de los hermanos Espaillat, quienes están siendo investigados por presunto homicidio involuntario.
“El documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso”, detalla el comunicado.
Ambos fueron arrestados luego de ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien los había citado a su despacho.
Según los fiscales, los imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no realizar las acciones necesarias para evitar el colapso del techo, lo que derivó en la tragedia del pasado 8 de abril, durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez.
Los detenidos serán presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional, quien decidirá las medidas de coerción que se les impondrán.
En el comunicado también se reiteró que los hermanos “no hicieron lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada, para evitar una tragedia que cobró la vida de clientes y empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar”.
Nuevas revelaciones
Los arrestos se produjeron un día después de que un empleado del Jet Set revelara que advirtió con anticipación a Antonio Espaillat sobre las condiciones del techo, señalando que no debía realizarse la actividad del 8 de abril.
El Ministerio Público logró acceder al celular del trabajador, donde recuperó conversaciones sostenidas con el propietario, que refuerzan las acusaciones del caso.
Además, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó un informe preliminar a la Procuraduría, detallando las causas del colapso estructural.
Hasta el momento, se han interpuesto al menos 68 acciones legales contra los propietarios del establecimiento, entre querellas y denuncias, algunas de las cuales también implican al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) por presunto incumplimiento de sus responsabilidades legales en materia de supervisión y seguridad.
Las denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, y citan problemas estructurales y la presencia de equipos pesados sobre el techo como factores contribuyentes al derrumbe.
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