La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ha expresado su enérgico rechazo ante los recientes actos de agresión cometidos por la empresa minera Barrick Gold, respaldada por miembros de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana, contra la comunidad de Arroyo Vuelta. Los actos también han afectado a cinco comunidades adicionales en el distrito municipal de Zambrana, en el municipio de Cotuí.
Los hechos, caracterizados por el uso desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto a la dignidad humana, han dejado como saldo la lesión de dos sacerdotes y varios miembros de las comunidades afectadas. Estos actos son inaceptables en un estado de derecho que debe velar por la justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos, particularmente a los más vulnerables.
La CED, fiel a su misión de defender la vida y la dignidad humana, condena rotundamente cualquier acción que vulnere los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Asimismo, muestra su apoyo a las iniciativas de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente. La CED considera inaceptable que el afán de lucro prevalezca sobre la vida y la tranquilidad de las familias en la zona.
En su declaración, la CED hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para que respeten el marco jurídico vigente y fomenten el diálogo entre todos los sectores involucrados. La Iglesia se muestra dispuesta a participar activamente en estas conversaciones para buscar una solución justa que garantice la paz y el bienestar de las comunidades afectadas.
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