Santo Domingo. La directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, aseguró este lunes que las declaraciones que ofreció sobre la investigación realizada en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) no modifican ni contradicen el contenido del informe oficial elaborado por la institución.
La aclaración se produce luego de que sus comentarios en el programa El Gobierno de la Tarde, de la Z101, generaran cuestionamientos sobre el alcance de las conclusiones de la pesquisa.
Durante la entrevista, Ortiz Bosch manifestó que no considera que el exrector del ITLA, Rafael Féliz García, haya estado implicado directamente en las presuntas irregularidades denunciadas, aunque enfatizó que corresponde a los organismos competentes determinar las responsabilidades correspondientes.
La funcionaria explicó que sus declaraciones están sustentadas en el informe de la DIGEIG y recordó que la determinación de responsabilidades corresponde al Ministerio de Administración Pública (MAP) o a la Procuraduría General de la República, respetando siempre el principio de presunción de inocencia.
“Un funcionario público habla por los resultados. Mis declaraciones son apegadas a un informe, ya que juzgar es una competencia del Ministerio de Administración Pública o de la Procuraduría General y, mientras no hay juicio, siempre hay presunción de inocencia”, expresó.
El informe de la DIGEIG identifica además a Winston Paulino, director de Gabinete del ITLA, como el principal impulsor de las prácticas investigadas y señala que este admitió ante la comisión haber sido una de las personas clave en la implementación del mecanismo, con conocimiento de la máxima autoridad de la institución.
Con base en esos hallazgos, la DIGEIG recomendó remitir el expediente al Ministerio de Administración Pública para que evalúe la apertura de procesos disciplinarios contra Rafael Féliz García y Winston Paulino, además de adoptar medidas preventivas para evitar hechos similares, informar a la Presidencia de la República sobre los resultados de la investigación y notificar formalmente a los implicados.
El caso se originó tras denuncias sobre presuntos descuentos salariales destinados a financiar actividades políticas dentro del ITLA. Posteriormente, el presidente Luis Abinader destituyó a Rafael Féliz García mediante el Decreto 39-26, mientras la investigación administrativa continuó a cargo de la DIGEIG.
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