Bogotá, Colombia. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo de presunta corrupción a solo once días de concluir su mandato, previsto para el próximo 7 de agosto, tras revelarse un caso que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quienes son señaladas de ofrecer supuestas gestiones para obtener contratos con entidades del Estado a cambio de comisiones y pagos anticipados.
De acuerdo con las denuncias y una investigación publicada por la revista Semana, las hermanas presuntamente ofrecían a empresarios facilitar la adjudicación de contratos públicos utilizando supuestos contactos dentro del Gobierno nacional. El esquema contemplaba el pago inicial de un millón de pesos colombianos (unos 315 dólares) por una reunión con Juliana Guerrero, además de un anticipo de 200 millones de pesos (aproximadamente 65,520 dólares) para iniciar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del valor de cada contrato adjudicado.
El caso cobró mayor relevancia luego de las denuncias realizadas por una funcionaria del Gobierno y la intervención de la Fiscalía General de la Nación, que investiga las acusaciones.
Juliana Guerrero, en el centro de la polémica
El nombre de Juliana Guerrero, de 23 años, ya había generado controversia el año pasado cuando, siendo asesora del Ministerio del Interior, fue presentada por el presidente Petro durante un consejo de ministros televisado como futura viceministra de Juventud.
En ese momento, el mandatario destacó su perfil afirmando:
«Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones».
Sin embargo, su designación fue descartada después de que se conociera que había presentado un título universitario falso. A pesar de ello, continuó desempeñando funciones dentro del Gobierno con el respaldo del presidente Petro.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes en este caso, que vuelve a colocar al Gobierno colombiano en el centro del debate público por presuntas irregularidades administrativas.