Santo Domingo.– Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este viernes en horas de la tarde la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra tres implicados en el denominado caso Onco14, acusados de integrar una estructura que presuntamente sustrajo millones de pesos mediante maniobras fraudulentas en perjuicio de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado principal.
De acuerdo con el expediente, los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, presuntamente cometidos en perjuicio del Estado dominicano.
Las investigaciones, desarrolladas en el marco de la Operación Onco14, señalan que los acusados habrían utilizado distintas modalidades fraudulentas para desviar fondos destinados a servicios de salud, aprovechando posiciones de influencia dentro del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Según el Ministerio Público, los implicados, junto a las razones sociales Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían ejecutado operaciones irregulares para obtener recursos de manera ilícita.
Las autoridades sostienen que la estructura aprovechó su vinculación con el IORC para realizar maniobras fraudulentas que afectaron directamente a pacientes con cáncer del régimen subsidiado y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), provocando pérdidas millonarias al Estado.
Durante los allanamientos y arrestos realizados como parte de la operación, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares y equipos de almacenamiento digital, entre otras evidencias que forman parte de la investigación.
El Ministerio Público asegura que cuenta con elementos suficientes para sustentar la solicitud de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo, mientras continúa profundizando las investigaciones sobre el presunto esquema de fraude.
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