TRIBUNAL CONOCERÁ REVISIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA SANTIAGO HAZIM Y OTROS IMPUTADOS EN CASO SENASA

Adonis Arache
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El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional revisará las medidas de coerción de los señalados en el presunto desfalco que habría afectado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones.

SANTO DOMINGO. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y a otros implicados en el presunto desfalco a esa institución.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será encabezada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien deberá decidir si mantiene o modifica la prisión preventiva impuesta a los imputados.

Entre las personas convocadas figuran Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.

Otros imputados cumplen arresto domiciliario

La revisión también forma parte del proceso judicial que involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ada Ledesma Ubiera, quienes permanecen bajo arresto domiciliario.

Se recuerda que el pasado 5 de agosto el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso prisión preventiva contra los principales imputados y ordenó su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.

Investigación por presunto desfalco millonario

El caso está relacionado con un supuesto entramado de corrupción que, según las acusaciones del Ministerio Público, habría ocasionado un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$15,000 millones.

Como parte del proceso, el tribunal concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para completar las investigaciones pendientes y presentar la acusación formal contra los señalados.

La audiencia de este jueves será determinante para conocer si las medidas de coerción se mantienen o experimentan alguna variación mientras continúa el proceso judicial.

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