Santo Domingo, R.D. – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que la decisión del tribunal de enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set está plenamente apegada a derecho, y adelantó que el Ministerio Público procurará la pena máxima contemplada en la legislación dominicana.
Camacho ofreció las declaraciones luego de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, acogiera la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenara la apertura a juicio contra los propietarios del centro de entretenimiento, imputados por homicidio involuntario tras la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y decenas de heridos.
El magistrado destacó que el tribunal acogió íntegramente la acusación presentada por el órgano persecutor, así como las acciones de los 42 querellantes que se adhirieron al proceso.
Asimismo, el juez impuso una garantía económica de RD$500 millones como medida de coerción real, con el propósito de asegurar el eventual resarcimiento de los daños causados a las víctimas y sus familiares.
“Hay que recordar que este es un caso para el que no existen palabras capaces de describir el dolor que provocó a las víctimas directas y al pueblo dominicano”, expresó Camacho al concluir la audiencia.
El titular de la Pepca indicó que durante la investigación se agotaron todas las diligencias permitidas por la ley para recopilar evidencias, incluyendo la realización de peritajes técnicos con apoyo de expertos nacionales e internacionales.
“Desde el primer momento hemos hecho todo lo que nos ha permitido la ley para recabar las pruebas y establecer los hechos tal como ocurrieron. Hoy el tribunal ha acogido esos hechos y los ha enviado a juicio. Ahora iremos a juicio para procurar la pena máxima que establece la ley para este tipo de casos”, manifestó.
En relación con el peritaje presentado por la defensa de los imputados, Camacho sostuvo que dicho informe también reconoce elementos de imprudencia, aspecto que forma parte de la acusación formulada por el Ministerio Público.
Según explicó, tanto el peritaje de la defensa como el elaborado por el Ministerio Público coinciden en señalar responsabilidades relacionadas con el colapso de la estructura.
“Ahora vamos a juicio para que paguen por lo que hicieron”, afirmó el procurador, reiterando que la decisión judicial representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de una de las mayores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento en la República Dominicana.
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